Martes, 20 Enero 2015 23:26

La masacre de Segovia: un crimen de Estado y la doctrina de la Corte Suprema

Un 11 de noviembre Segovia vivió una masacre. La Unión Patriótica sufrió entre 1984 y 1997, 65 masacres. A excepción de dos o tres, permanecen en la más completa impunidad. Imposible reseñarlas todas. Una en particular, por su alevosía y ser declarada como delito de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia, merece nuestra atención.

El 14 de marzo de 2011, la Sala de Casación Penal de la institución, resolvió por unanimidad acusar a César Pérez García como presunto determinador de la masacre de Segovia en la que perdieron la vida el 11 de noviembre de 1988, 43 personas y quedaron decenas de heridos. “Con fundamento en los hechos, el procesado deberá continuar privado de la libertad”, decidió la Corte en una trascendental sentencia. Pérez García, un conocido político liberal de Antioquia, ex presidente de la Cámara de Representantes en 1986, fue llevado a prisión acusado por varios ex jefes paramilitares de ser el autor intelectual de la masacre de Segovia, tras haber perdido en 1988 las elecciones en dicho municipio a manos de la UP, cuando tuvo lugar la primera elección popular de alcaldes. Segovia había sido por años el feudo electoral de Pérez y en retaliación por la derrota, al ser elegida por amplia mayoría como alcaldesa la dirigente de la UP, Rita Ivonne Tobón y no su representante, resolvió aliarse con Fidel Castaño y organizar la parada de extermino aquella noche de puente con el apoyo del Ejército y la Policía.

El proceso 33.118 al que tuvo acceso completo esta investigación, revela pormenores de la sangrienta incursión En la página 127 de la sentencia, bajo el título El contexto político de Colombia 1986-1990, la Corte, sustentándose en decenas de escritos y documentos, llega a la conclusión de que “lamentablemente las autodefensas civiles que iniciaron su formación al final del gobierno del ex presidente Turbay Ayala, apoyadas por la cúpula militar, continuaron librando la guerra que el presidente Betancur impidió afrontar a las fuerzas armadas, al acuartelarlas para honrar la tregua firmada en 1983 con las FARC, el EPL, y el M-19 y por esa razón continuaron la guerra por interpuesta persona en tres grandes regiones dominadas por las FARC, al entrenar, apoyar y ayudar a armar a las autodefensas de Puerto Boyacá, el nororiente antioqueño y la región del Ariari en el Meta”.

Y más adelante la sala señala que “mientras el gobierno impulsaba las negociaciones y diálogos con la insurgencia, en un sitio del país se proclamó el desacuerdo con la política de paz con la presentación de una alternativa denominada ‘lucha contrainsurgente’, cuyo centro de operaciones estaba ubicado en el municipio de Puerto Boyacá y las zonas aledañas, en las cuales se hallaba para esos años de 1982 y 1989, la Brigada número XIV del Ejército ubicada inicialmente en Cimitarra y luego en Puerto Berrío, la asignación a dicha brigada del Batallón Bárbula, con sede en Puerto Boyacá y el Batallón Bomboná en Segovia”. “La historia y los resultados de posteriores investigaciones penales y disciplinarias, añade la Corte, permiten hoy aseverar que gran parte de sus miembros se identificaban con las doctrinas de la Seguridad Nacional y que esta visión de Estado y el liderazgo de los alcaldes gestores del proyecto en la zona del Magdalena Medio, el apoyo de ganaderos y de otras gentes adineradas, el respaldo de los líderes políticos y los abusos y extorsiones del frente noveno de las FARC, que operaba en la región, fueron el cúmulo de situaciones que propiciaron la creación y expansión del fenómeno del paramilitarismo en Colombia”.

La Corte considera acertado y hace suyo el alegato de la parte civil de una de las víctimas de la masacre de Segovia, por la cual hay cinco militares condenados, tres de ellos de alta graduación, y afirma “que desde el inicio del mandato del ex presidente Betancur, los militares no vieron con buenos ojos la propuesta de un acuerdo de paz, porque como es de conocimiento público, el gobierno anterior había expedido el Estatuto de Seguridad con el cual se buscaba reprimir cualquier vestigio subversivo, o ánimo de colaboración con las guerrillas, otorgándole enormes poderes procesales a las Fuerzas Militares”. “César Pérez García, a causa de su descalabro político, creó el movimiento armado paramilitar que se denominó MUERTE A REVOLUCIONARIOS DEL NORDESTE” (subrayado en el original). Alfredo Valdivieso Barrera, fundador de la UP en Segovia, declaró ante los jueces que el genocidio de este movimiento político se halla íntimamente ligado a la necesidad del mantenimiento del poder, móvil inmerso en el mensaje que ese 11 de noviembre de 1988 recibieron los habitantes de Segovia tras la masacre: No vuelvan a votar por la Unión Patriótica, pues eso se les causa la muerte”.

Toda esta conducta que reseña la providencia de la Corte Suprema de Justicia para determinar que Pérez García debe continuar privado de la libertad, conduce inevitablemente a que se tipifiquen los hechos como un crimen de Estado. Lo que se reafirma con la conducta de cuerpo de los militares, reseñada en la sentencia, cuando sostienen que el ataque no había sido dirigido contra los miembros de la UP. “Esa fue la intención inicial del Ejército y la Policía, poder respaldar la hipótesis que pretendía hacer carrera: que la masacre había sido perpetrada por miembros de las FARC o el ELN, porque ni los militantes de la Unión Patriótica, ni la sede política, ni la alcaldía municipal, con la burgomaestre representante del partido político, habían sido atacados, con la convicción que ese argumento sería contundente para que otros actores no fueran señalados”, indica la Corte.

Y continúa la Sala Penal: “No de otro modo se entiende lo aseverado por la entonces personera Flor Yohani Montoya Rúa, sobre el extraño comportamiento de un soldado del Batallón: ‘Me sorprendí, porque cuando sacaban cada uno de los cadáveres, un soldado del Batallón Bomboná, preguntaba a los familiares de los fallecidos a qué partido político pertenecían. Cuando yo me aproximé a uno de ellos y le pregunté por qué hacían esto, porque después de muerto que importaba el partido político, me contestó que él solo cumplía órdenes de su mayor Báez”. El mayor Báez fue uno de los condenados por la masacre en sentencia anterior de la Corte Suprema de Justicia. Apartes del capítulo Esperanza y tragedia de un pueblo, del libro Unión Patriótica, expedientes contra el olvido, del periodista del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Roberto Romero Ospina y lanzado el 18 de octubre de 2011.

Por: Roberto Romero – Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

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